Cada 28 de septiembre, mujeres y organizaciones feministas alrededor del mundo alzan la voz para exigir el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Sin embargo, en Costa Rica, el acceso al aborto sigue enfrentando obstáculos importantes. Aunque en 2019 se firmó una Norma Técnica para la Interrupción Terapéutica del Embarazo (ITE), su implementación ha sido mínima.
Para las mujeres migrantes, la situación es aún más crítica, enfrentando no solo discriminación sino también un sistema de salud colapsado, lo que restringe su acceso a derechos reproductivos esenciales. La lucha por una salud sexual y reproductiva digna sigue siendo una prioridad urgente.
La Norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo en Costa Rica: ¿una promesa vacía?
En diciembre de 2019, tras años de movilización feminista, el expresidente Carlos Alvarado firmó la tan esperada Norma Técnica, que establece un protocolo para la interrupción del embarazo bajo el artículo 121 del Código Penal. Este protocolo permite abortos terapéuticos en situaciones extremas. Sin embargo, su implementación ha sido manipulada políticamente, y las mujeres y personas gestantes siguen enfrentando un sistema de salud que no responde a sus necesidades.
Peggy Chamorro, activista feminista costarricense e integrante de la Colectiva Por el Derecho a Decidir, señala que dos años después de la firma de la Norma Técnica, solo seis personas lograron solicitar la ITE, de las cuales solo tres obtuvieron acceso. Este hecho evidencia que el Estado sigue incumpliendo su responsabilidad de garantizar el derecho a una vida digna.
Peggy Chamorro, integrante de la Colectiva por el Derecho a Decidir, fotografiada por Ximena Castilblanco
Por su parte, Fátima Monterrosa, también integrante de la Colectiva, resalta la falta de transparencia en el proceso: «No existen datos oficiales sobre cuántas solicitudes se han presentado, cuántas han sido aprobadas o rechazadas, ni las razones detrás de estas decisiones. Tanto el Ministerio de Salud como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) mantienen un acceso muy limitado a esta información».
Además, Monterrosa subraya una contradicción en el protocolo de atención de la Interrupción Terapéutica del Embarazo (ITE). Aunque se afirma que el procedimiento que sigue Costa Rica son los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los medicamentos recomendados por la OMS, como la Mifepristona y el Misoprostol, no cuentan con registro sanitario ni están disponibles en Costa Rica para este fin. En su lugar, se sigue utilizando el método del legrado, una técnica anticuada y agresiva para los cuerpos de las personas gestantes, que necesita ser actualizada. «Para nosotras, es fundamental denunciar esta incoherencia», concluye Monterrosa.
Fátima Monterrosa, integrante de la Colectiva por el Derecho a Decidir, fotografiada por Ximena Castilblanco
¿Y las migrantas?
“La autogestión de nuestros derechos debe estar en la agenda de las feministas costarricenses, buscando descentralizar estos servicios de la institucionalidad” nos comparte Egda Castillo, trabajadora social, activista feminista nicaragüense y refugiada en Costa Rica desde el año 2018 hasta la actualidad, quién asegura que es crucial que en Costa Rica se implemente una atención integral que cohesione los movimientos de mujeres, tanto costarricenses como migrantes, para diagnosticar y abordar la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país.
“Personalmente, me preocupa la falta de acceso a consultas adecuadas, como el papanicolau y la educación sexual. Necesitamos crear una agenda conjunta que posicione los servicios de salud sexual y reproductiva, ejecutados y gestionados por mujeres, como una prioridad en Costa Rica, ya que el sistema actual no está garantizando la atención que realmente necesitamos”.
Egda Castillo, integrante de la Red de Mujeres Pinoleras (REMUPI), fotografiada por Ximena Castilblanco
Para las mujeres migrantas, especialmente las nicaragüenses y afrodescendientes, la combinación de racismo y patriarcado dentro de las políticas públicas costarricenses crea una trampa mortal. No solo se les niega la protección de sus derechos reproductivos, sino que además se les excluye de acceder a información básica sobre anticoncepción y salud sexual.
La única causal de aborto que existe legalmente es la que se ampara en el artículo 121, relacionada con el riesgo para la salud y la vida de la mujer o persona gestante. Desde 2021, esta causal se regula a través de un protocolo que, en la práctica, se convierte en un laberinto para las mujeres migrantas y personas gestantes. Las barreras burocráticas y el costo de los servicios de salud continúan limitando el acceso.
Colapso del sistema de salud sexual y reproductiva en Costa Rica
La Damaso Vargas, mujer transgénero, activista feminista y refugiada nicaragüense en Costa Rica, señala que acceder a servicios dignos es extremadamente complicado, especialmente para las mujeres refugiadas y personas gestantes, debido a la falta de oportunidades laborales y la crisis del sistema de salud. Esta situación es aún más difícil para quienes no cuentan con un seguro social, lo que agrava el estigma y la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
La Damaso Vargas, activista feminista independiente, fotografiada por Ximena Castilblanco
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La salud sexual y reproductiva autogestionada es un derecho que debemos seguir luchando por alcanzar. Desde la Colectiva Feminista Volcánicas, hacemos un llamado a la acción y a la solidaridad para garantizar que todas las mujeres y personas gestantes, independientemente de su situación migratoria, tengan acceso a sus derechos fundamentales como son la salud sexual y la salud reproductiva.
Este trabajo fue realizado por medio de la Beca Zarelia- Poder Elegir, impulsada por Fundación El Churo, Festival Zarelia, Wambra Medio Comunitario, con el apoyo del proyecto Poder Elegir de Oxfam en Latinoamérica y Asuntos Mundiales Canadá.
Sobre la autora: Ximena Castilblanco Morazán es una comunicadora ecofeminista visual nicaragüense, exiliada y refugiada en Costa Rica desde 2018, con 10 años de experiencia como consultora en comunicación feminista, defensa de los derechos de las mujeres, gestión de proyectos, campañas y creación de contenido digital y audiovisual. Cofundadora y Coordinadora de Comunicaciones de ‘Volcánicas’, también es editora de publicaciones de redactoras migrantes nicaragüenses en www.volcanicas.org.