Mujeres migrantes y trabajo doméstico en Costa Rica: las barreras para estudiar y construir otros futuros
Por Tania Ortega
Una de estas noches, el algoritmo de TikTok, caprichoso y a veces revelador, puso a Rosy en mi pantalla. Rosy es una joven trabajadora doméstica nicaragüense, oriunda de Chinandega que vive en San José desde hace varios años. Estaba en su propia cocina, inmersa en su segunda jornada, esa que no figura en los contratos ni recibe pago, cocinando para sus dos hijos. Había encendido su celular para conversar con desconocidos que, como yo, terminamos siendo su red de contención.
En ese espacio, que ella misma ha construido fuera de la mirada de quienes la contratan, Rosy confesó un anhelo tan concreto como urgente, nos decía: “quiero estudiar para ser chef, si estudio puedo ganar un poco más. Más adelante me gustaría ser dueña de un restaurante o trabajar en un hotel”. No la sentí como una meta menor sino como una estrategia de vida. Rosy no solo busca mejores ingresos, busca la libertad de habitar el mundo desde otro lugar, uno donde pueda desplegar su potencial más allá de las limitaciones de una única salida laboral. Es, en última instancia, el derecho legítimo a construirse a sí misma.
El mercado laboral costarricense suele abrir sus puertas a la población migrante a través de sectores como la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico. Sin embargo, para las mujeres, este abanico se reduce drásticamente, dejando al trabajo doméstico como la vía de entrada más inmediata y, a menudo, la única disponible. Esta realidad no es una excepción, sino la regla, durante la última década, esta labor ha representado entre el 23 % y el 28 % de la fuerza laboral migrante, según datos del estudio (Des) cuidando a las que cuidan: el olvido en Costa Rica a mujeres migrantes ocupadas en trabajos de cuidados y trabajo doméstico remunerado.
El sueño de Rosy se estrella contra una barrera silenciosa pero implacable: el tiempo. Decía en su transmisión que trabajaba como trabajadora doméstica en una casa ajena, de lunes a viernes, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Al volver a la propia, la espera el segundo turno, la limpieza, el orden, cocinar para sus hijos y la administración de una rutina que no permite pausas. Para Rosy, la única opción de estudiar es durante los fines de semana, el único tiempo de “descanso” que le queda. El estudio no es un derecho accesible para ella; pareciera más bien un costo que obliga a hipotecar la salud para intentar construir un futuro.
¿Qué oportunidades reales tiene una mujer para avanzar, atrapada entre el trabajo doméstico remunerado y la carga de cuidados no pagados, cuando cada paso implica una batalla burocrática? La carrera se hace cuesta arriba, me cuenta Maricarmen Cruz, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Costa Rica (ASTRADOMES), una organización sin fines de lucro dedicada a defender los derechos laborales y humanos de las trabajadoras del hogar remuneradas en el país. Esta carrera de obstáculos no es casualidad; Maricarmen explica que el sistema exige requisitos y validaciones que implican una burocracia que consume un tiempo del que ellas carecen.
Admite que el acceso a estas herramientas suele depender de la mediación colectiva. Tienen que acercarse a ASTRADOMES, porque es el primer requisito que les piden en el INA, en el INAMU, en la UNED. Sin la red, sin la organización, la mujer migrante se queda sola en una fila esperando una oportunidad que llega demasiado lento. Para quien desconoce la existencia de estas redes de apoyo, la fila —y la espera— nunca terminan.
El deseo de estudiar oficios como enfermería, inglés, hotelería o computación es una constante entre las trabajadoras domésticas; saben que es el camino para mejorar su calidad de vida, pero el sistema les impone una cerca burocrática que parece diseñada para que desistan. Esta lógica de invisibilización no es nueva. Soy hija de una mujer cuya historia es un espejo de esta exclusión, en Nicaragua, su trayectoria laboral paso de gestora administrativa en el sector público, a buscar refugio en el autoempleo informal durante el periodo de inestabilidad política y conflicto armado de la década de los ochenta.
Su historia profesional quedó truncada por la inestabilidad política y el despojo de años de cotizaciones al seguro social, los cuáles nunca le fueron reconocidos. Fue esa misma falta de salidas lo que la empujó a la migración y a la cadena global del trabajo doméstico y de cuidados en Estados Unidos. Aunque hoy, a sus 85 años, cuenta con una protección social lograda allí, esa red no repara el borrado sistemático de su historia profesional; es apenas un paliativo frente a la pérdida de una identidad laboral que el poder político se encargó de borrar.
La historia de mi madre refleja una realidad compartida por muchas mujeres migrantes, el riesgo de ver cómo su trayectoria y su identidad quedan diluidas frente a la inmediatez de la supervivencia. Es un fenómeno que también observo en las trabajadoras que escucho en Costa Rica, donde la estructura las invisibiliza para reducirlas únicamente a su función laboral actual. Por eso, cuando ellas expresan su deseo de ampliar sus horizontes formativos no lo leo como una aspiración menor ni como un deseo romántico; lo leo como una exigencia política urgente. Es el reclamo legítimo de quienes, sosteniendo el mundo de otros, exigen el tiempo y las herramientas institucionales necesarias para construir, sin ataduras, su propio horizonte profesional.
Cuando hablamos de “carencias”, el acceso a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es el gran talón de Aquiles. Aunque el artículo 104 del Código de Trabajo establece que las personas empleadoras del trabajo doméstico remunerado deben garantizar la seguridad social e inscribir a las trabajadoras en la CCSS dentro de los ocho días hábiles siguientes al inicio de labores, en la práctica muchas quedan en un limbo. Trabajar sin seguridad social es una realidad mucho más frecuente para las mujeres migrantes que para el resto de la población o las mujeres locales. Esta informalidad no es solo la ausencia de un contrato o de una inscripción ante la CCSS; es la desprotección ante el acoso laboral, el exceso de horas y la vulneración de derechos básicos.
Muchas veces, el empleador evita la inscripción para no asumir las cargas sociales, o la propia trabajadora, por desconocimiento o miedo a perder su empleo, no exige su derecho. Esto crea un círculo vicioso de desprotección. Sin seguro, no hay acceso a la salud preventiva, no hay pensión, no hay red de seguridad ante accidentes laborales. Y lo más grave: sin esa red formal, la trabajadora queda aislada de la protección estatal. Ante este escenario, la profesionalización se presenta como una vía de escape, pero requiere un andamiaje —documentos, redes, dinero y descanso— del que muchas carecen.
Aunque el cumplimiento sigue siendo desigual, en Costa Rica las trabajadoras domésticas cuentan hoy con más herramientas legales que en décadas anteriores, avances que he podido constatar a partir de los datos compartidos por ASTRADOMES. Por ejemplo, la reforma laboral de 2009 reconoció derechos como la jornada de ocho horas y el aseguramiento, y desde 2017 existe la posibilidad del seguro por horas. El problema, como advierten desde las organizaciones de trabajadoras, es que una ley no transforma por sí sola las condiciones de vida si no se divulga, se fiscaliza y se cumple.
Para muchas trabajadoras domésticas migrantes, la falta de un estatus legal sólido actúa como un mecanismo de control invisible. Sin papeles, el empleador tiene el poder absoluto, no solo sobre el salario, sino sobre la propia autonomía de la mujer. La irregularidad migratoria no es solo un trámite administrativo pendiente; es una mordaza que impide la denuncia ante abusos y que perpetúa la precariedad salarial.
Lo que ASTRADOMES constata en el terreno es una realidad mucho más cruda: mientras que el Decreto Ejecutivo N.º 45303-MTSS, que fija los salarios mínimos del sector privado para 2026, establece en ₡268.731,31 el salario mensual para el trabajo doméstico, existen casos documentados donde la remuneración es tan baja que apenas alcanza para la supervivencia básica, rondando los ₡60.000. Esto condena a la trabajadora a una invisibilidad absoluta frente a las instituciones.
Dignificar el trabajo doméstico no puede significar, bajo ninguna circunstancia, aceptar que este sea el destino natural, único o final de las mujeres migrantes. La verdadera dignidad implica reconocer que quien limpia, cocina y cuida también tiene derecho a un proyecto de vida que no se agote en el servicio a terceros. Reconocer a estas mujeres es mucho más que agradecerles el cuidado de los hijos propios o llamarlas «parte de la familia».
Las mujeres que sostienen casas, infancias y memorias en este país también tienen derecho a estudiar, a elegir, a cambiar de oficio y a envejecer con la tranquilidad que otorga el trabajo reconocido. El problema, insisto, no es que les falten sueños. Les sobran. Lo que les falta es una sociedad que, en lugar de verlas como piezas reemplazables de un engranaje doméstico, las reconozca como sujetos políticos con derecho al futuro.
En este Día Internacional del Trabajo Doméstico, la invitación no es solo a agradecer, sino a cuestionar. ¿A qué hora sueñan las trabajadoras domésticas? Seguramente en los escasos momentos de silencio, antes de que el cansancio venza, en ese espacio íntimo donde imaginan un mundo en el que su valor no dependa de cuántas horas logren limpiar, sino de cuánta libertad logren conquistar.
Sobre la autora:
Tania Ortega es periodista y documentalista nicaragüense. Su trabajo se centra en la memoria y las identidades centroamericanas, abordadas desde el lenguaje audiovisual. Durante veinte años ha desarrollado proyectos de comunicación, cine y cultura que visibilizan a mujeres, juventudes y comunidades en Centroamérica, a través de narrativas inmersivas donde las historias cotidianas se convierten en herramientas de resistencia. Su obra busca tender puentes de memoria y dignidad en la región.