La trata de personas en Costa Rica no es un crimen lejano, ocurre sobre todo contra mujeres migrantes, bajo formas disfrazadas de ayuda, favores o trabajo. Autoridades y ciudadanía podemos actuar al respecto.
Por Cindy Regidor
Basta con poner un poquito más de atención al tema para que salten por doquier los titulares. Hace un par de semanas causó revuelo en Costa Rica y a nivel internacional el golpe asestado a una red vinculada al cártel de origen venezolano Tren de Aragua. En el centro de la capital, San José, en la turística playa de Jacó y en Alajuela, las autoridades costarricenses rescataron, el pasado 16 de julio, a 90 mujeres migrantes venezolanas víctimas de trata y explotación sexual.
Ocho integrantes vinculados fueron detenidos en el operativo cuyo objetivo era desmantelar la red que trasladaba a las mujeres desde su país de origen bajo promesas de supuestos empleos como generadoras de contenido, pero que en realidad eran obligadas a prostituirse.
En Costa Rica las obligaban a pagar los gastos incurridos por su traslado (entre 3000 y 5000 dólares) mediante la explotación sexual y eran sometidas a un sistema de multas por faltas mínimas para, bajo esa excusa de la deuda pendiente, negarles su libertad. Las autoridades detallaron que las obligaban a cobrar unos 90 dólares por “servicio” sexual y que el dinero lo recibía uno de los integrantes de la red.
Al sur del continente, en Argentina, la semana anterior, se conoció que el número dos del Opus Dei a nivel mundial fue acusado por la justicia argentina de “trata de personas en su modalidad de reducción a la servidumbre”, al haber reclutado a al menos 43 niñas y adolescentes para someterlas durante décadas a trabajos domésticos no remunerados.
Por supuesto, no podemos dejar de mencionar el controversial caso de Jeffrey Epstein, acusado en Estados Unidos de tráfico sexual contra docenas de menores de edad y quien murió en su celda aparentemente por suicidio antes de que enfrentase el juicio. Ghislaine Maxwell, quien fue su pareja durante un tiempo, fue acusada y condenada a 20 años por reclutar, manipular y facilitar el abuso de niñas y adolescentes para Epstein, actuando como parte clave en su red de trata y explotación sexual.
El caso sigue en la palestra pública por la cercana relación que Epstein mantuvo durante algún tiempo con el actual presidente estadounidense Donald Trump. La base más dura de Trump exige que el mandatario revele los archivos sobre el caso, una promesa de campaña que ahora se rehúsa a cumplir.
De Cartago a Golfito: víctimas invisibles en zonas vulnerables
En Costa Rica también se reportan con regularidad casos de trata, en que, sobre todo mujeres migrantes nicaragüenses –principal población extranjera en el país– son víctimas de estas prácticas crueles, pero muchas veces normalizadas o bien, que se consideran lejanas y poco frecuentes, pero lamentablemente no lo son.
En agosto de 2023, las autoridades de Migración de Costa Rica rescataron a seis mujeres tras un allanamiento en un bar en Cartago, todas de entre 25 y 45 años de edad; dos dominicanas, dos costarricenses y dos nicaragüenses.
Las mujeres eran sometidas mediante engaños y amenazas, y se les obligaba a realizar actos sexuales a cambio de dinero, “aprovechando su estado de vulnerabilidad”. Dos de los detenidos “mantenían el control de las víctimas, se les prohibía salir del lugar, y si querían salir, debían realizar un pago establecido por el grupo delictivo”, reportaron las autoridades.
En 2013, la Dirección General de Migración y Extranjería dio cuenta de una red que explotaba laboralmente a nicaragüenses en Santa Cecilia de La Cruz, en Guanacaste. Las personas eran mantenidas bajo hacinamiento en fincas de cítricos, obligadas a cumplir largas jornadas laborales y trasladadas desde su país natal bajo falsas promesas.
Más recientemente, en 2024, doce inmigrantes y un costarricense, todos hombres, fueron rescatados de un barco en Golfito de Puntarenas, donde los obligaban a trabajar sin salario, hacinados y mal alimentados.
Las cada vez más frecuentes noticias de casos de trata dan cuenta de lo que Naciones Unidas ha reportado: el número de víctimas de la trata a nivel mundial aumentó en un 25% entre 2019 y 2022.
El informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) refleja además, lo que tienen en común estas noticias: las víctimas suelen ser principalmente mujeres vulnerables: en pobreza, migrantes, niñas. Los porcentajes del estudio registran solo el número de víctimas detectadas, y los autores estiman que el número real de víctimas es mayor (se calcula que por cada víctima de la trata de personas identificada existen 20 más sin identificar).
El Informe de Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2024 ha documentado en los últimos cinco años que los tratantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Costa Rica “siendo particularmente vulnerables aquellos que viven en las zonas costeras del Pacífico y cerca de las fronteras norte y sur”. El documento señala que la normalización de situaciones de explotación, incluida la trata sexual de niños, aumentó la vulnerabilidad de las mujeres y los niños a la trata.
Sobre el perfil de las víctimas, el informe ahonda que son personas LGBTIQ+, incluidas las personas transgénero para la trata sexual. Agrega que, “mujeres y niñas de Nicaragua, Panamá, República Dominicana y otros países latinoamericanos han sido identificadas en Costa Rica como víctimas de trata sexual y servidumbre doméstica. Los tratantes someten a adultos y niños migrantes, principalmente de Nicaragua, a trabajos forzados en la agricultura y al servicio doméstico o a la trata sexual”.
Los funcionarios estadounidenses registran además que, en los últimos años en que aumentó el flujo migratorio de sur a norte del continente, los tratantes se aprovechan de los migrantes, algunos en camino a Estados Unidos, desde otros países de Centroamérica, el Caribe, la República Popular China y América del Sur.
Finalmente, el Departamento de Estados estadounidense concluye que el Gobierno de Costa Rica “no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, pero está haciendo esfuerzos importantes para lograrlo”. Estos esfuerzos incluyeron la asignación de recursos para programas de prevención por primera vez en tres años, procesar a un número significativamente mayor de presuntos tratantes, condenar a más tratantes y brindar servicios a todas las víctimas identificadas.
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Atender lo estructural: pobreza, desprotección y falta de documentación para migrantes
Es de aplaudir cuando las autoridades en cualquier país del mundo logran dar con los responsables de este crimen, pues su investigación y la búsqueda de justicia son sumamente complejos y prolongados, ya que se trata de operaciones transnacionales de bandas del crimen organizado con vasta experiencia y recursos.
Sin embargo, es necesario que los esfuerzos para eliminar la trata de personas se orienten también hacia las causas estructurales que hacen que sus víctimas sean más vulnerables.
Reducir la pobreza que aqueja a casi la quinta parte de la población en Costa Rica es parte de la solución. En 2024, afortunadamente hubo una reducción de 3.8 puntos porcentuales de la pobreza con respecto al año anterior, donde la tasa era del 21.8%. Fue la cifra más baja registrada desde el año 2010. Ojalá y esa cifra continúe disminuyendo, sobre todo la que registra quienes viven en extrema pobreza, que eran más de 86,000 hogares en 2024.
En Costa Rica, los migrantes nicaragüenses son más pobres y ganan menos que los costarricenses. Costa Rica es sinónimo de oportunidad, pero también de desigualdad: casi el 30% de la población nicaragüense vive en pobreza. Las principales causas son la baja escolaridad y falta de regularización migratoria.
Pero, además, se deben reforzar las acciones encaminadas a educar y crear conciencia sobre este delito en la sociedad costarricense. Que en las aulas de los centros educativos, de las universidades, en los medios de comunicación, sea este un tema central de conversación: cuáles son los derechos de todas las personas sin importar su nacionalidad, su género, su raza u orientación sexual. Que hablemos y exijamos dignidad incondicional para todas las personas. Que nos alertemos y cuidemos entre todos sobre las tácticas comunes que usan los tratantes para captar víctimas.
Otra acción de gran calado para minimizar la vulnerabilidad de las víctimas y que corresponde a las autoridades tomar es la de facilitar la regularización migratoria de decenas de miles de migrantes que viven en Costa Rica. El hecho de no contar con “papeles” hace que las personas migrantes muchas veces queden en manos inescrupulosas que les explotan y amenazan con reportarles ante las autoridades si no cumplen con las tareas, muchas veces extenuantes, que les encomiendan.
A todo país receptor de migrantes, siempre le convendrá que estas personas residan de forma regular, pues ello implicará que pagarán más impuestos y habrá un registro formal de quiénes son y dónde viven. A la persona migrante una formal documentación le dará mayores beneficios, le hará menos susceptible a la violación de sus derechos laborales y de otra índole.
“Uno de los mayores retos del fenómeno de la trata de personas es medir su real magnitud en un mercado ilícito que se confunde con escenarios lícitos”, dice un documento de la UNODC. Una conocida me contó una vez que, cuando quedó huérfana siendo niña, una familia la “acogió”, le dio techo y comida, y que gracias a eso pudo completar la escuela primaria y sobrevivir.
A cambio tuvo que asumir desde muy pequeña las tareas del hogar. No tenía sueldo ni libre albedrío. Su papel era el de una sirvienta, aunque nunca lo llamaron así. La familia probablemente siempre vio este acto como uno de bondad y no como una forma de servidumbre.
En muchos de estos casos, la explotación se enmascara como un favor. Darle “una oportunidad” a una mujer pobre que necesita salir de Nicaragua. Ofrecerle techo a cambio de que cuide a los hijos, limpie, cocine, planche. Pero si no hay contrato, si no hay salario justo, si no hay posibilidad de decir que no, entonces no es ayuda. Si hay miedo, encierro, violencia o manipulación, entonces es trata de personas.
Para eliminar este delito debemos también hacer una revisión social profunda. Revisar nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestras lógicas de clase, todo eso que hace que normalicemos o ignoremos que ciertas personas sean explotadas. Nadie debería vivir sin libertad, sin voz ni derechos.
Sobre la autora: Cindy Regidor es una periodista nicaragüense basada en Costa Rica con 17 años de experiencia en formatos audiovisuales y escritos, con amplia experiencia en la cobertura de la migración en Centroamérica, la coyuntura sociopolítica de Nicaragua y Costa Rica, derechos humanos y civiles. Maestría en Medios de Comunicación, Estudios de Paz y Conflicto de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas.