En el contexto electoral del próximo 1ro de febrero de 2026, en las que Costa Rica elegirá presidencia, vicepresidencia y diputaciones a la Asamblea Legislativa, los derechos sexuales y reproductivos atraviesan un momento de retroceso e incertidumbre. Para las mujeres migrantes y refugiadas, este escenario refuerza la amenaza de la continuidad de barreras históricas que limitan su acceso a la salud, su autonomía corporal y una vida digna.
Por Ximena Castilblanco Morazán
¿Qué significa hablar de derechos sexuales y reproductivos cuando el acceso a la salud depende de un permiso laboral que puede tardar años? ¿Cómo se ejerce la autonomía corporal cuando el temor a la xenofobia mantiene a las mujeres migrantes alejadas de los hospitales y de los servicios públicos de salud?
De cara a las elecciones de 2026, los derechos sexuales y reproductivos atraviesan un momento de retroceso e incertidumbre. Para las mujeres migrantes y refugiadas, el acceso a estos derechos siempre ha sido un desafío: el sistema público depende de la afiliación a la Caja Costarricense del Seguro Social, y sin seguro no hay acceso gratuito. Incluso quienes logran afiliarse enfrentan barreras estructurales, discriminación y un historial de xenofobia que limita su autonomía y libertad para ejercer plenamente su derecho a la salud.
El avance del conservadurismo religioso, la instalación de agendas antiderechos y la apelación al miedo como herramienta electoral configuran un escenario especialmente preocupante. Mientras Costa Rica se proyecta hacia el exterior como un referente de estabilidad democrática, hacia adentro se consolida una estrategia que recurre a la xenofobia y a la exclusión. Estas dinámicas muestran que los derechos sexuales y reproductivos no son solo un tema sanitario, sino un campo de disputa política y social central para la vida de las mujeres migrantes y refugiadas.
Para este artículo conversé con tres mujeres que, desde diversas trayectorias, analizan, viven y resisten de primera mano los impactos del contexto preelectoral sobre los derechos sexuales y reproductivos en Costa Rica: Alejandra Gómez Fonseca, politóloga y máster en Poder, Participación y Cambio Social del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Sussex; Peggy Quesada Chamorro, investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica; e Iris Karina Barrera, activista feminista nicaragüense, refugiada política y estudiante de la Universidad de Costa Rica.
Derechos sexuales y reproductivos bajo ataque: retrocesos y exclusión
El panorama electoral de 2026 revela que los derechos sexuales y reproductivos (DSyR) se han convertido en un campo de disputa política. Reformas recientes a la Norma Técnica del aborto terapéutico priorizan la viabilidad fetal sobre la salud de la mujer y permiten que terceros, incluyendo personal médico objetor de conciencia, tomen decisiones sobre el procedimiento. Al mismo tiempo, la eliminación de la Educación Sexual Integral (ESI) deja a niñas y adolescentes sin herramientas para proteger su salud y prevenir violencia, generando retrocesos que organizaciones como Acceder califican de más de una década.
Para la comunidad de mujeres migrantes, exiliadas y refugiadas, los obstáculos se multiplican, por ejemplo, por la falta de seguro social convierte un examen preventivo como el Papanicolau en un “sueño” inalcanzable. Tras dar a luz, muchas son dadas de alta sin atención adecuada, separándolas de sus hijos costarricenses. Personas trans y no binarias enfrentan rechazo y violencia en la atención reproductiva, mientras que la anticoncepción de emergencia es inaccesible por costos o objeción de conciencia, limitando aún más la autonomía corporal.
Las candidaturas difieren en su enfoque. Frente Amplio y Agenda Ciudadana plantean integración y derechos humanos, incorporando convenios internacionales como CEDAW. Otros sectores, como Pueblo Soberano, priorizan lo económico y critican la “ideología de género”, apoyando la eliminación de programas educativos y dejando los derechos en un segundo plano. Liberación Nacional omite casi por completo la migración y los DSyR de sus propuestas, dejando a las personas migrantes sin reconocimiento político ni agencia.
Frente a este escenario, las mujeres migrantes y refugiadas denuncian que sus derechos están siendo negociados a cambio de votos conservadores, como señala Iris Karina Barrera, activista y refugiada política, estas poblaciones viven diariamente la tensión entre supervivencia y derechos:
«Cada visita al hospital puede ser un recordatorio de nuestra exclusión: sin seguro, sin acceso pleno a anticoncepción o a seguimiento postnatal, nos enfrentamos a decisiones que otros toman por nosotras. No es un accidente ni un descuido; es un patrón que limita nuestra autonomía y nos recuerda que nuestros cuerpos y derechos siempre han estado en disputa.»
La experiencia de Iris refleja un patrón sistemático en el que la burocracia, la exclusión y los retrocesos normativos convierten la atención en salud en un terreno de desigualdad y vulnerabilidad en Costa Rica.
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Salud pública en el centro del debate electoral: la excusa perfecta para el discurso xenófobo
Los derechos sexuales y reproductivos se han convertido en un terreno de disputa política, similar al de la salud pública, donde la estrategia política puede poner en riesgo la vida y la salud de las personas. Como explica Alejandra Gómez Fonseca, politóloga y activista feminista:
«Los derechos sexuales y reproductivos han sido moneda de cambio para decisiones políticas, para posicionamientos en elecciones y para votaciones dentro de la Asamblea Legislativa. Cada espacio que tienen las candidaturas tiene audiencias distintas, objetivos diferentes y, por tanto, posicionamientos con matices que a veces son muy serios.»
Esta “moneda de cambio” se refleja en los contrastes entre los planes de gobierno y las declaraciones públicas. Un ejemplo es Natalia Díaz, candidata presidencial por el Partido Unidos Podemos (UP), quien se ha convertido en una de las voces más visibles de un discurso xenófobo. Desde abril de 2025 preguntó públicamente: “¿de verdad los costarricenses debemos seguir cubriendo esa cuenta?”, responsabilizando a las personas migrantes de problemas estructurales. Las cifras que presentó sobre el Hospital San Rafael de Alajuela, difundidas en medios como La Hora Tica y OPA, fueron verificadas y desmentidas por Doble Check: las 6.000 atenciones que mencionó corresponden en realidad a 1.263, con un costo promedio mucho menor al proyectado.
Los datos oficiales y académicos desmontan la narrativa de la migración como “carga”. Más del 40 % de las personas migrantes cotizan directamente al CCSS como trabajadoras formales o independientes. En 2025, solo el 7,2 % de las atenciones de urgencias correspondió a personas extranjeras, mientras que su aporte al Producto Interno Bruto se estima entre 11 y 12 %.
Según la entrevista realizada por Radio Universidad a dos reconocidos especialistas: la politóloga Cynthia Mora Izaguirre y el sociólogo Guillermo (Memo) Acuña, confirmaron que “en el 2018 la OCDE lanza un estudio en el que ubica cerca del 12% del Producto Interno Bruto (PIB) el aporte que la población trabajadora migrante realiza a este país, que no es menor”.
Como señala Alejandra Gomez Fonseca: «Estos discursos desde escritorios, lejos de la vida real de las comunidades, fomentan odio y violencia y limitan el acceso a derechos y servicios. Afectan no solo a las mujeres migrantes, sino a las comunidades enteras que conviven y dependen de ellas. La migración es parte del desarrollo del país, y cada vez que se construyen narrativas de miedo, quienes ya somos vulnerables enfrentamos barreras adicionales para acceder a salud, educación y oportunidades. Esto no es solo un problema de política; es un retroceso de derechos que golpea a las personas en su vida cotidiana.»
La norma técnica del aborto terapéutico es otro ejemplo de cómo la política utiliza la salud y los derechos como moneda de cambio. A pesar de ser resultado de años de lucha judicial y social, algunas candidaturas prometen revisarla o ajustarla como estrategia política, ignorando criterios técnicos y la protección de la salud de las personas gestantes.
Más allá de los números, Peggy Chamorro enfatiza las consecuencias concretas:
«El problema no es solo que las mujeres migrantes enfrenten barreras legales o económicas para acceder a la salud y a los servicios reproductivos; es que estas barreras están diseñadas dentro de un sistema que invisibiliza sus necesidades y reproduce desigualdades históricas.
Las mujeres quedan atrapadas en un doble castigo: mientras contribuyen activamente al sistema con su trabajo y cotizaciones, se enfrentan a discriminación, objeción de conciencia de profesionales de salud y procedimientos burocráticos que retrasan o niegan atención.
Esto evidencia cómo la retórica política tiene consecuencias concretas y materiales sobre la vida y la autonomía de quienes más dependen de estos servicios.»
En definitiva, este contexto electoral evidencia que responsabilizar a toda una comunidad migrante, en lugar de enfrentar las complejidades de la política pública, constituye una estrategia calculada. La salud pública deja de ser un espacio de derechos para transformarse en un instrumento de exclusión, donde los discursos de miedo y odio se capitalizan políticamente. Las consecuencias de esta estrategia recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres migrantes y refugiadas, quienes enfrentan barreras estructurales, discriminación y limitaciones a su autonomía, poniendo en riesgo su derecho a la salud y su dignidad.
Te invitamos a escuchar Tiempo de Decidir, un espacio sonoro feminista para pensar los derechos sexuales y reproductivos en Costa Rica desde nuestras experiencias, cuerpos y decisiones, impulsado por Acceder, la Colectiva Feminista Volcánicas, Guanadefensoras y la Colectiva por el Derecho a Decidir con el apoyo de la Universidad de Costa Rica.
Candidaturas en debate: migración y derechos sexuales en el radar electoral
A partir del espacio Praxis Electoral, una producción de la rectoría y la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica, los expertos Guillermo Acuña González, sociólogo y vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras, y Larisa Arroyo Navarrete, abogada especializada en derechos humanos y académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM-UNA), analizaron los planes de gobierno y los debates de las candidaturas en torno a migración y derechos sexuales y reproductivos. Su estudio permite identificar patrones estructurales, riesgos y diferencias claras en las posturas de los partidos, más allá de la retórica electoral.
El debate migratorio se mueve entre dos enfoques opuestos: el control y la seguridad, frente a la integración y los derechos humanos. Pueblo Soberano (PPSO) prioriza «fronteras seguras», centros de detención y vigilancia sobre las personas migrantes. Frente Amplio (FA) destaca por su diagnóstico más sólido, orientado a la integración social, fortalecimiento institucional y trabajo territorial. La Coalición Agenda Ciudadana (CAC) mantiene un enfoque de derechos humanos, aunque disperso, y Liberación Nacional (PLN) omite prácticamente cualquier mención al tema.
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En cuanto a género y derechos sexuales, FA y CAC presentan las propuestas más integrales, reconociendo desigualdades estructurales y basándose en convenios internacionales como CEDAW. PPSO adopta un enfoque asistencialista limitado a lo económico-laboral, con críticas explícitas a la «ideología de género» y a la educación sexual integral, mientras que PLN mantiene planteamientos ambiguos y superficiales. Larisa Arroyo señala que los derechos sexuales y reproductivos suelen negociarse como moneda de cambio política, buscando apoyo de sectores conservadores.
Una coincidencia preocupante en casi todos los planes, salvo en FA, es la invisibilización de la autonomía política de las personas migrantes. Se les trata como objetos pasivos o problemas que gestionar, en lugar de actores con voz y agencia sobre las políticas que los afectan directamente. Según Acuña y Arroyo, esto evidencia un uso electoralista de la migración y los derechos sexuales y reproductivos, donde la retórica simplifica realidades complejas, construye amenazas y busca consolidar votos mediante miedo y exclusión.
¿Qué hacer para que la salud, la autonomía y los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas migrantes y refugiadas no sigan siendo moneda de cambio en la política?
La lucha histórica de los feminismos demuestra que la resistencia no es solo circunstancial, sino estructural. En el escenario electoral de 2026, los discursos xenófobos y antiderechos buscan capitalizar miedo y exclusión, mientras algunas candidaturas utilizan estos derechos como herramientas políticas, dejando a las poblaciones vulnerabilizadas al margen de decisiones que impactan su vida y autonomía.
Frente a este panorama, la responsabilidad ciudadana no termina con el voto: informarse, contrastar evidencia y exigir transparencia es esencial. Organizarse, visibilizar injusticias y actuar colectivamente asegura que migrar y vivir con dignidad no sea un privilegio, sino un derecho innegociable para todas y todos.
Este trabajo periodístico fue realizado gracias al auspicio del Fondo de Canadá para las iniciativas locales de la Embajada de Canadá para Costa Rica,Nicaragua y Honduras.
Sobre la autora: Ximena Castilblanco Morazán es comunicadora, periodista, y videógrafa ecofeminista nicaragüense, refugiada en Costa Rica desde 2018. Con más de 10 años de experiencia en periodismo y comunicación para la transformación social, se especializa en derechos de las mujeres, migración y justicia social. Autora del reportaje 'Campamento en el Exilio', seleccionado en la muestra oficial 2024 del II Festival Iberoamericano de Videoarte y Animación “Cero Violencia contra las Mujeres”, organizado por el Centro Cultural de España en Costa Rica, Festival SOMOS y People In Need. Ha sido reconocida con el Premio a la Innovación Digital 2020 y la Beca de Periodismo de Soluciones 2021 de la Fundación Gabriel García Márquez, y ha colaborado con medios y organizaciones internacionales como Confidencial Nicaragua, UNFPA y OSF.